Por Raúl Gutiérrez V., periodista, editor de CORMUVAL.CL
(27/09/07)

MLADEN KOLJATIC Y Mónica Silva, calificados investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile, han vuelto a la carga para reiterar sus denuncias ante el escándalo que constituye la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Lo hacen cual profetas en el desierto – de hecho, hasta ahora nadie los ha llevado de apunte – tras el sorprendente anuncio del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), de la Universidad de Chile, una instancia tan poderosa que no considera necesario allegar explicaciones. El DEMRE ha comunicado que abandonará la práctica de repetir "algunas preguntas" en la PSU. En adelante las preguntas serán "totalmente originales" en la prueba que cada año define la suerte de cientos de miles de estudiantes egresados de la secundaria.

La declaración del organismo encargado de la administración del sistema de selección a la educación superior representa la tardía admisión de la validez de las denuncias formuladas por el mencionado dúo de investigadores en cuanto a masivas filtraciones del contenido de la prueba a favor de grupos privilegiados, alumnos de costosos preuniversitarios, que estaban al tanto del secreto y disponían de recursos líquidos para pagar por la información requerida.

Si el país no hubiese agotado su capacidad de asombro ante las denuncias de ineptitud y corrupción por parte del aparato del sector público, del cual forma parte la Universidad de Chile, la declaración del Demre hubiese desatado un escándalo mayúsculo y el desalojo del rector de la Casa de Bello. Políticos interesados en los temas de la educación y la equidad, así como los pingüinos sobrevivientes de las épicas jornadas de hace algún tiempo estarían exigiendo al organismo técnico que aclarara por qué los facsímiles de la PSU no se hacían públicos tras la prueba y por qué, después que aseguró que era imposible construir la prueba de cada año sin repetir ítemes, de pronto ello se tornó posible. ¿O es que, en verdad, como lo denunciaron oportunamente Koljatic y Mónica, la PSU es fruto de la improvisación, la misma que provocó el desastre del Transantiago, para mencionar un solo ejemplo?

La frivolidad con se ha actuado con la PSU es francamente criminal porque se ha pisoteado la fe pública y se ha perpetrado una aleve agresión contra los estudiantes provenientes de familias modestas, esos que estudian en liceos fiscales y que carecen de recursos para pagarse preuniversitarios que cobran en UF. Koljatic y Mónica señalan que “las personas que conocieron de antemano las 12 preguntas que se repitieron en la PSU de matemáticas el año pasado partieron con 500 puntos de ventaja sobre quienes no tuvieron acceso a esa información”. Así la Universidad de Chile transmite a las nuevas generaciones el mensaje de que en la vida el dinero es más importante que el mérito académico y que lo importante es triunfar, no importa con qué medios. Y pensar que muchos ilustres académicos de ese plantel planteaban en mejores épocas que la Universidad debía ser no sólo un centro de enseñanza superior, de libre debate de ideas y conocimientos, sino también un crisol moral para las nuevas generaciones de estudiantes llamados a convertirse en conductores del país.

“Si las autoridades realmente quieren gestar un sistema de admisión justo, tienen que partir por hacer públicos todos los facsímiles previos de la PSU y el informe técnico del Educational Testing Service realizado en el año 2004, el cual la Universidad de Chile hasta el día de hoy se niega a entregar” han reiterado Koljatic y Mónica. ¿Y si no es eso lo que las autoridades quieren?

Imposible no coincidir con ellos en cuanto a que después de este escándalo y agresión a mansalva contra la juventud chilena, las PSU deberían ser auditadas en forma pública todos los años por expertos internacionales independientes, que otorguen garantía de objetividad y rigor técnico”, pero la renuencia de las autoridades a inclinarse ante los dictados de la razón comprueba que la putrefacción del sistema se encuentra muy avanzada. “Hay que gestar un nuevo marco institucional para el manejo de las pruebas de admisión, que garantice transparencia y equidad a todos quienes las rinden”, terminan señalando el mencionado dúo de investigadores. Parece claro que el impulso en tal sentido difícilmente provendrán de quienes gestaron y se beneficiaron del marco institucional vigente.

Sí, se han beneficiado, al punto que convirtieron la PSU en un negocio del todo coherente con la política de convertir las universidades en empresas movidas por el lucro. El profesor Ricardo Simpson Rivera, de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha aportado algunos antecedentes de devastadora elocuencia. En EE.UU. este tipo de pruebas se puede rendir más de una vez al año y el puntaje obtenido tiene validez para más de un período de postulación. Acá en Chile se puede rendir una sola vez al año y sólo tiene validez para ese período de postulación. Esta inexplicable inflexibilidad es muy limitante; por ejemplo, si alguien está enfermo ese día, tendrá que esperar un año o, quizás, mejor dicho, perder un año.

Pero hay algo que entraña mucho mayor gravedad y que cuestiona la eficiencia del DEMRE, el cual se jacta en su página web, de ser “el organismo responsable del desarrollo y construcción de instrumentos de evaluación y medición de las capacidades y habilidades de los egresados de la enseñanza media; la aplicación de dichos instrumentos y la realización de una selección inter universitaria a nivel nacional en forma objetiva, mecanizada, pública e informada”.

Pues bien, desde hace más de 15 años en EEUU este tipo de evaluaciones se confecciona con una metodología que en educación se llama Computer Adaptive Test (CAT). El profesor Simpson Rivera lo explica en términos simples: el grado de dificultad de la prueba, que se rinde en un PC, se va adaptando a los conocimientos del postulante durante la examinación. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si el postulante está muy bien preparado, no se le realizarán preguntas fáciles que se sabe contestará bien; a la inversa, si el postulante no está bien preparado no se le realizarán preguntas difíciles que se sabe no podrá contestar. Con el sistema CAT sólo se necesitan, pues, 30-35 preguntas para certificar la evaluación del postulante, y no 75 ó más que se requieren en las pruebas tipo lápiz y papel como la PSU. “Si la confección de la PSU fuera realizada por una entidad independiente, como se hace en EE.UU., no sólo sería sustancialmente mejor en sus contenidos, sino que se implementarían constantemente innovaciones acordes con los tiempos”, sentencia el académico de la Santa María.

Cabe esperar que el Ministerio de Educación y los políticos de veras interesado en la calidad de la enseñanza pública y en la igualdad de oportunidades tomen cartas en el asunto y promuevan modificaciones legales en procura de mayor transparencia y eficiencia. Pero probablemente el motor principal de los imprescindibles cambios en este plano deban ser los propios estudiantes de los establecimientos públicos. Sin embargo, no cabe hacerse ilusiones, ya que el Gobierno y la clase política en general, con el apoyo de la gran prensa, han sido muy eficaces en promover el desmantelamiento y demolición anímica del movimiento estudiantil que hizo surgir tantas esperanzas de un cambio no sólo en la calidad de la educación, sino en el clima moral del país.