María Teresa Chadwick P. Secretaria Ejecutiva del CONACE
(Abril de 2008)

EL PROBLEMA DE las drogas excede el tema del delito. La mayor parte de quienes usan y abusan de drogas no cometen delitos, pero tienen problemas y trastornos de los cuales las políticas públicas deben hacerse cargo. La desintegración familiar, las confianzas vulneradas, los proyectos de vida truncos, la deserción o fracaso escolar, la violencia en familia o en la comunidad, el ausentismo y accidentabilidad laboral, la alteración de conducta y deterioro de la convivencia que afectan al consumidor y su entorno, y en suma, la pérdida de libertad que sufre la persona, son entre otras, consecuencias del consumo de drogas. No son hechos delictuales, pero sí generan conflictos sociales e individuales. La ley chilena, a diferencia de algunas legislaciones, no sanciona como delito el consumo de drogas, sino el tráfico en todas sus formas. Pero, por los trastornos que el consumo y abuso de estupefacientes conlleva, así como los problemas asociados, éste debe ser prevenido a tiempo. El Estado es y debe ser el principal impulsor de la actividad preventiva, porque se trata de un desafío del desarrollo humano, de la mejoría de la calidad de vida de chilenos y chilenas y de la protección social, sobre todo de los más vulnerables, como son los niños, los jóvenes y las familias de escasos recursos.

Si bien la mayoría de quienes consumen no delinquen, los estudios señalan que un elevado número de personas que cometen delito presentan uso y abuso de drogas. Por ello, las políticas públicas deben también asumir la prevención del uso y abuso de drogas en su relación con la incidencia y reincidencia del delito.

Ello nos lleva a reflexionar sobre la institucionalidad del organismo encargado de estos temas, que es Conace, el cual hasta ahora, es solo un programa del Ministerio del Interior. La creación de Conace como un servicio público especializado en la prevención del consumo de drogas y alcohol, es uno de los puntos del acuerdo político legislativo en materia de seguridad pública, suscrito en diciembre pasado por el Gobierno y la Alianza. Allí se establece que Conace será un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, radicado en el Ministerio del Interior, cuya función será establecer las políticas públicas y la participación de los privados en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.

La figura de servicio descentralizado contenida en el acuerdo, nos parece la más acertada, sobre todo cuando se trata de una entidad que debe abordar —como ya vimos— una temática muy compleja como la de las drogas, que afectan de manera distinta a grupos diversos y que requieren de intervenciones específicas. Un servicio descentralizado permite articular mejor el trabajo nacional, regional y local y adaptarse a las multiplicidad de problemas y demandas. Ayuda a la corresponsabilidad entre los distintos actores. Mejora la gestión, permitiendo una toma de decisiones más rápidas, acelera la capacidad de respuesta a las necesidades específicas, y hace más transparente la responsabilidad de cada uno en el cumplimiento de sus funciones.