DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA
Carolina Tohá, diputada PPD

A pesar de derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y de generar un marco regulatorio completamente nuevo para la enseñanza en Chile, el proyecto de la Ley General de Educación (LGE) no ha sido sentido como un logro por parte del movimiento social de los estudiantes secundarios. Su llamado a retirarlo del Congreso y, últimamente, a votarlo en contra, puede sorprender a primera vista.

En efecto, la LGE se hace cargo de importantes reivindicaciones planteadas por los secundarios el año 2006, como por ejemplo la necesidad de fortalecer el papel del Estado en el aseguramiento de la calidad y en su función fi scalizadora, aumentar decididamente los requisitos que deben cumplir los sostenedores y fortalecer los derechos de la comunidad educativa y, especialmente, de los estudiantes. Sin embargo, hay una importante demanda social que no queda satisfecha en este proyecto: el fortalecimiento de la educación pública.

Hay síntomas preocupantes de un deterioro de ella. Su expresión más nítida es la sostenida pérdida de matrícula. La modifi cación del marco regulatorio propuesto en la LGE no resolverá este problema sino que solo servirá para poner en evidencia, a través de una mayor fi scalización y control de calidad, las debilidades que lo explican. Es justifi cada, por lo tanto, la preocupación manifestada en relación con la enseñanza en el sector público.

Sin embargo, la respuesta a esa inquietud difícilmente se podrá entregar en la LGE, puesto que se trata de un proyecto que necesita un quórum muy alto para su aprobación y, por lo tanto, para ser ley requiere de un acuerdo con la oposición. Eso es bastante complejo en este ámbito. Las diferencias son profundas y las visiones, diametralmente opuestas. De hecho, como respuesta a la protesta estudiantil del año 2006 hubo dos proyectos de la presidenta Michelle Bachelet que no fueron negociados con la derecha y que exigían quórum. Ambos fueron rechazados en general por ese sector y se hizo inviable su tramitación.

En consecuencia, la defensa de la educación pública es una demanda legítima y justifi cada. Pero el mejor camino para darle respuesta no es el retiro o el rechazo de la LGE —que constituye un avance importante— sino la presentación de proyectos específi cos, que en materias trascendentes son de mayoría simple.

Deben modifi carse el sistema de fi nanciamiento a fi n de compensar las desventajas que genera para el sector municipal, la dependencia de los municipios (por sus evidentes defectos) y el Estatuto Docente para promover el desarrollo profesional de los profesores y favorecer la calidad de la enseñanza. Todos estos temas están en leyes distintas de la LOCE y de la nueva LGE, y esas son las normas que debemos estudiar para fortalecer verdaderamente la educación pública.

NIVELAR HACIA ABAJO
Senador Andrés Allamand

Después de casi 20 años de Gobiernos de la Concertación, los resultados demuestran que en Chile la enseñanza sigue cruelmente estancada, mala y desigual.

Una de las causas de este fracaso se debe a los persistentes errores de diagnóstico constatados en los últimos años. Por ejemplo:

1.- García-Huidobro afirma que “la desigualdad y segregación, a las que está contribuyendo la selección, son causa primordial de la falta de calidad”. De ahí que la LGE original buscaba terminar con la selección, pero proponía cambiar el mérito por el azar. Es decir, al Gobierno le parecía más equitativo que un niño fuera aceptado en un colegio de excelencia por un sorteo que por su mérito propio. El artículo afirma que el 49% de los establecimientos particulares subvencionados selecciona, pero omite el antecedente de que 93% de los padres señalan que sus hijos han sido aceptados en el colegio de su preferencia.

2.- El mismo autor manifiesta que la Concertación se ha resignado a mantener un modelo educativo de “cuasimercado”. Lo que no dice es que terminar con el emprendimiento privado estatiza, en la práctica, la educación. La paradoja es que los colegios con mejores resultados son los particulares subvencionados y que el actual esquema de “provisión mixta” es el único que asegura una efectiva libertad de enseñanza. Pero hay más: los datos demuestran que, a iguales condiciones, 7 de cada 10 padres prefieren enviar a sus hijos a un establecimiento particular subvencionado, es decir, justo a aquellos que él quisiera suprimir.

3.- Por último, sostiene que hay que terminar con el derecho de los padres a hacer aportes para la educación de sus hijos porque ello provocaría desigualdad. La idea parece ser impedir, en vez de valorar, el esfuerzo de las familias para efectuar contribuciones que permitan una mejor educación. Hace algún tiempo, el articulista peyorativamente afirmaba que había que terminar con la “chauchita” que daban los padres como el financiamiento compartido. ¡Ahora resulta que esa “chauchita” es la causa de las más grandes inequidades! Toda la línea argumental del artículo puede resumirse en una frase: “nivelar hacia abajo”. Una fórmula repetida una y otra vez con un rasgo común: nunca funciona.